Izquierdo acusa a Presidente Chaves de incitar a la Violencia”.
En el marco de la celebración de los 200 años de la Anexión del Partido de Nicoya, Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), lanzó duras críticas hacia el presidente Rodrigo Chaves, acusándolo de incitar a la violencia si la controvertida Ley Jaguar no es aprobada por la Sala Constitucional. Izquierdo expresó sus preocupaciones sobre la estabilidad institucional del país, señalando que las declaraciones del mandatario podrían llevar a una escalada de tensión social.
Durante la sesión solemne del plenario de la Asamblea Legislativa, celebrada en Nicoya, Guanacaste, Izquierdo subrayó la “deuda enorme” que el gobierno de Chaves tiene con la provincia, argumentando que las promesas no son suficientes para saldarla. Esta crítica se suma a las preocupaciones expresadas por otros líderes políticos, incluido Rodrigo Arias, presidente del Congreso, quien hizo un llamado a respetar las decisiones judiciales y la independencia de los poderes del Estado.
En una reciente entrevista, Chaves declaró que no organizaría una respuesta popular hasta ver la reacción de la gente, pero insinuó que el pueblo podría “tirarse a la calle” y organizarse contra lo que él describe como “el ecosistema del cambalache corrupto, del amiguismo y el capitalismo de amigotes”. Estas afirmaciones han sido vistas por algunos como un intento de movilizar a la ciudadanía contra las instituciones establecidas, lo que ha generado un clima de incertidumbre y preocupación.
La próxima semana, los magistrados de la Sala Constitucional decidirán sobre la consulta presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) respecto al proyecto de ley 24.364, conocido como la “Ley Jaguar”. Esta ley ha sido criticada por la Contraloría General de la República, que advierte que su aprobación podría eliminar etapas preventivas cruciales contra la corrupción en las contrataciones públicas.
La “Ley Jaguar” ha sido un punto de controversia en el ámbito político costarricense. Sus defensores argumentan que es necesaria para agilizar los procesos de contratación y reducir la burocracia, mientras que sus detractores, incluyendo a la Contraloría General de la República, sostienen que podría abrir la puerta a prácticas corruptas al eliminar controles y salvaguardas importantes.
El debate sobre esta ley y las declaraciones del presidente Chaves han puesto de manifiesto las tensiones existentes entre el Poder Ejecutivo y otros sectores del gobierno, así como las preocupaciones sobre el estado de la democracia y la integridad de las instituciones en Costa Rica. La situación en Guanacaste, una provincia que ha sido históricamente marginada en términos de inversión y desarrollo, añade una capa adicional de complejidad a este debate.
En resumen, las acusaciones de incitación a la violencia por parte del jefe de fracción del PLN, las críticas de otros líderes políticos y la inminente decisión de la Sala Constitucional sobre la Ley Jaguar están configurando un escenario de alta tensión política en Costa Rica. La forma en que se resuelvan estos conflictos tendrá implicaciones significativas para la estabilidad y el futuro del país.
