“La Tragedia de la ‘Voluntad’ y el Despilfarro: Una Farsa Universitaria”.
Ah, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y su noble cruzada en defensa de la educación superior costarricense. Es fascinante cómo el discurso de estos señores está repleto de palabras rimbombantes, pero carece de cualquier atisbo de autocrítica o realidad. Empecemos con su denuncia sobre la “falta de voluntad” del Gobierno de Chaves para invertir en educación. ¿De verdad? ¿Falta de voluntad? Porque si algo nos sobra en Costa Rica, es voluntad para despilfarrar el dinero público en sueldos millonarios, beneficios absurdos y privilegios que harían sonrojar al más cínico de los burócratas.
Las universidades públicas, esas catedrales del conocimiento que en teoría deberían formar a la próxima generación de líderes, se han convertido en bastiones de privilegio, donde los “soldaditos” –también conocidos como estudiantes– son utilizados como peones en una guerra que nada tiene que ver con su educación. Porque, claro, nada dice “defensa de la educación” como un ejército de jóvenes movilizados para proteger los jugosos beneficios de sus superiores. ¡Qué ironía tan deliciosa!
El Conare clama por más dinero, arguyendo que el aumento del 1% propuesto por el Ejecutivo es inconstitucional e inviable. Lo que realmente es inviable es mantener un sistema que parece más interesado en mantener sus propios feudos que en mejorar la calidad de la educación. Es impresionante cómo estos rectores se rasgan las vestiduras por un incremento por debajo de la inflación, mientras el país lucha por no caer en la bancarrota. Pero, claro, para ellos la responsabilidad fiscal es un concepto tan ajeno como la palabra “austeridad.”
El Poder Ejecutivo, según Conare, “comete una irresponsabilidad de enormes dimensiones en materia de educación pública.” Qué interesante que ahora hablen de irresponsabilidad, cuando han sido cómplices de un sistema que premia la mediocridad y penaliza cualquier intento de reforma real. La verdad es que la “irresponsabilidad” sería seguir alimentando un monstruo presupuestario insaciable, sin pedir a cambio un mínimo de eficiencia o resultados.
Y, por supuesto, el gran clímax de esta tragedia griega: el presupuesto de las universidades públicas será decidido por la Asamblea Legislativa. ¡Qué horror! ¡Cómo se atreven a dejar que los representantes del pueblo tomen decisiones sobre el dinero de los contribuyentes! Es casi como si viviéramos en una democracia, donde los intereses de todos deberían ser considerados, no solo los de una élite académica desconectada de la realidad.
Para cerrar con broche de oro, el Conare hace un llamado a los diputados para que “garanticen el derecho de acceso a la educación.” ¿Qué tal si empezamos por garantizar que ese acceso sea a una educación de calidad, y no a un sistema que parece más preocupado por mantener sus prebendas que por formar ciudadanos competentes? Porque, al final del día, lo único que está en juego es el futuro del país, pero eso parece ser un detalle menor para quienes viven en la torre de marfil de la academia.
