Marta Acosta pide a Sala IV que declare inconstitucional Ley Jaguar.
La Contraloría General de la República, a través de su representante Marta Acosta, ha solicitado una vez más a la Sala Constitucional (Sala IV) que declare inconstitucional la nueva versión de la Ley Jaguar propuesta por el presidente Rodrigo Chaves. Esta ley, que ha sido objeto de controversia desde su primera versión, es acusada por la Contraloría de abrir la puerta a la corrupción y debilitar la fiscalización pública.
Un Proyecto Controversial
La Ley Jaguar para el Desarrollo Nacional, que contempla un referéndum previo a las elecciones presidenciales de 2026, pretende reformar varias normativas claves, incluida la ley que regula a la Contraloría General. Según Acosta, esta reforma, lejos de fortalecer el control sobre las finanzas públicas, reduce las competencias del órgano contralor, facilitando la selección subjetiva de contratistas en la construcción de obras públicas. Esto, según la contralora, fomenta la corrupción y desvirtúa los principios constitucionales de licitación.
La Contraloría en Pie de Lucha
Marta Acosta ha sido enfática en su oposición a la Ley Jaguar, destacando que la nueva versión del proyecto mantiene la esencia problemática del original. A pesar de las modificaciones, la Contraloría argumenta que la propuesta aún socava las funciones críticas de fiscalización, permitiendo un vacío en la supervisión de los procesos de contratación pública.
Esta es la segunda ocasión en poco más de un mes en que Acosta recurre a la Sala IV para impedir que la ley avance. Anteriormente, la primera versión de la propuesta ya había sido declarada ilegal, pero el presidente Chaves persiste en su intento de llevar a cabo este referéndum.
Implicaciones de la Ley Jaguar
La Ley Jaguar no solo afecta la regulación de la Contraloría, sino que también abarca proyectos de gran envergadura como el desarrollo de Ciudad Gobierno y la Marina y Terminal de Cruceros de Limón. La propuesta incluye una reforma de la ley de contratación administrativa y busca clarificar las normas y competencias del órgano contralor.
Si la Asamblea Legislativa no logra los 29 votos necesarios para aprobar la consulta, el Gobierno de Chaves ha señalado que recurrirá a la iniciativa popular, requiriendo la firma del 5% del padrón electoral.
La controversia en torno a la Ley Jaguar pone de relieve la tensión entre las iniciativas del Gobierno para impulsar el desarrollo nacional y las supuestas preocupaciones de la Contraloría sobre la integridad de los procesos públicos. La Sala IV deberá decidir si esta propuesta avanza o si, como sostiene Marta Acosta, representa un riesgo inaceptable para la transparencia y la fiscalización en Costa Rica.
