Negociación del FEES 2025: Universidades Públicas y Gobierno Sin Acuerdo Final.
La negociación del Fondo Especial para la Educación Superior 2025 (FEES) se encuentra en un punto crítico después de que la quinta sesión de la Comisión de Enlace, celebrada el 16 de agosto en Casa Presidencial, concluyera sin un acuerdo entre las partes. La propuesta del Gobierno de aumentar ₡5.761 millones al presupuesto existente de ₡576.087 millones fue rechazada por el Consejo Nacional de Rectores, lo que ha dejado la decisión final en manos de la Asamblea Legislativa.
El FEES, un fondo crucial que financia las universidades públicas de Costa Rica, ha sido objeto de intensas discusiones debido a las limitaciones presupuestarias que enfrenta el país. La propuesta del Ejecutivo, que representaba un incremento del 1% respecto al presupuesto actual, fue considerada insuficiente por los rectores, quienes solicitan ₡23 mil millones adicionales para cubrir las necesidades de las instituciones educativas.
El Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, fue claro al señalar que cualquier aumento adicional al presupuesto del FEES tendría que ser compensado con recortes en otras áreas críticas como Transportes o Seguridad. Este dilema refleja las dificultades económicas que enfrenta el país, donde cada incremento en un sector implica sacrificios en otros.
Según la Constitución Política, será la Asamblea Legislativa la encargada de decidir el monto final que se asignará a las universidades públicas para el 2025. Los diputados no solo tendrán que determinar la cantidad de recursos, sino también identificar de dónde se recortarán los fondos necesarios para cumplir con las demandas de los rectores.
Este impasse subraya la complejidad de gestionar el presupuesto nacional en un contexto de recursos limitados y múltiples necesidades. Mientras que las universidades argumentan que un mayor financiamiento es esencial para mantener la calidad educativa y la investigación, el Gobierno insiste en que el país no puede permitirse un incremento significativo sin afectar otros sectores vitales para la sociedad.
La falta de un acuerdo en la Comisión de Enlace ha generado preocupación en la comunidad académica y entre los estudiantes, quienes temen que los recortes presupuestarios puedan impactar negativamente en la calidad de la educación superior. Por su parte, los diputados enfrentan la difícil tarea de equilibrar las demandas de las universidades con las realidades fiscales del país.
La decisión que tome la Asamblea Legislativa en los próximos meses será crucial para definir el futuro de la educación superior en Costa Rica, y podría tener repercusiones significativas en el desarrollo del país en los años venideros.
