“Oficialismo pide avance para endurecer penas por ingreso de dispositivos a cárceles”.
El gobierno de Costa Rica ha intensificado su presión para avanzar en el proyecto de Ley que endurece las penas para quienes ingresen dispositivos electrónicos de manera ilegal a los centros penitenciarios. Durante la reunión de jefaturas de fracción, el oficialismo urgió a los diputados a dar prioridad a esta iniciativa, que busca imponer sanciones de hasta cuatro años de prisión para quienes faciliten o introduzcan celulares, adaptadores de red, satélites y otros equipos electrónicos a las cárceles del país.
Esta propuesta ha sido defendida con firmeza por la jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, quien considera la reforma como una medida crucial y urgente para combatir la problemática de la criminalidad organizada desde las prisiones. Según Cisneros, el uso de estos dispositivos facilita la comunicación entre reos y redes criminales, por lo que endurecer las sanciones es una acción necesaria para reforzar la seguridad penitenciaria.
El debate sobre este proyecto no ha estado exento de tensiones políticas. Durante la misma reunión, se produjo un cruce de opiniones entre Pilar Cisneros y Diego Vargas, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), en relación a otro proyecto de Ley que busca reducir el costo de los boletos aéreos hacia países de Centroamérica. El gobierno se opone a esta propuesta, lo que ha generado fricciones entre las distintas fracciones.
Oficialismo también ha impulsado una propuesta para aprovechar un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) destinado a financiar obras en las rutas nacionales 1 y 32. Este crédito permitiría ejecutar mejoras en tramos clave como Barranca-Limonal-Angostura y Río Frío-Limón, que son esenciales para el desarrollo de la infraestructura vial del país. Sin embargo, el PLP ha presentado mociones que buscan modificar algunos aspectos de esta iniciativa, generando otro frente de discusión en el Congreso.
Por otro lado, en la Comisión de Asuntos Sociales, se dictaminó un proyecto de Ley para crear un fondo que promoverá el deporte y la recreación. Este fondo se financiará mediante ingresos generados por contratos de actividades deportivas que incluyan publicidad y patrocinio de marcas de bebidas alcohólicas.
El ambiente legislativo se encuentra en plena efervescencia, con debates que no solo afectan la seguridad del país, sino también la economía y el desarrollo de la infraestructura vial, demostrando que cada proyecto de Ley tiene el potencial de generar nuevas tensiones entre las diferentes fuerzas políticas.
