Padres podrían perder patria potestad por no denunciar relaciones impropias.
En Costa Rica, un nuevo proyecto de ley ha generado un debate intenso y podría cambiar radicalmente la forma en que los padres o encargados enfrentan situaciones de abuso o relaciones impropias que involucren a sus hijos. Este proyecto, que ha sido dictaminado por la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, busca sancionar a aquellos padres que no cumplan con la obligación de denunciar relaciones inapropiadas que pongan en peligro a sus hijos.
El diputado del Partido Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña, ha enfatizado que este tipo de relaciones generalmente están marcadas por un “abuso de poder” y que el proyecto de ley tiene como objetivo evitar que los padres de familia normalicen este tipo de conductas.
Según Acuña, la falta de denuncia perpetúa la situación de vulnerabilidad de los menores, creando un ambiente de permisividad que puede tener consecuencias graves.
La legisladora Johana Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP), se sumó a la discusión cuestionando la actitud de algunos padres que permiten que estas relaciones impropias ocurran sin tomar medidas al respecto. Según la legisladora, es necesario establecer sanciones claras para aquellos que, por omisión o permisividad, no protegen a sus hijos de situaciones de abuso.
Uno de los aspectos más controversiales del proyecto es la posibilidad de suspender la patria potestad de aquellos padres o encargados que no presenten la denuncia correspondiente ante las autoridades. La iniciativa pretende que los adultos responsables tomen un papel activo en la protección de los menores, garantizando su seguridad y bienestar. De no hacerlo, podrían enfrentarse a severas consecuencias legales.
Este proyecto de ley ahora se dirige al Plenario Legislativo para continuar su trámite. Su avance es observado con atención por la opinión pública, especialmente en temas relacionados con la protección de los derechos de los menores. Aunque algunos sectores consideran que la iniciativa es un avance necesario para asegurar la integridad de los menores, otros advierten que se deben tomar precauciones para evitar posibles abusos de la legislación.
Este proyecto de ley llega en un momento crítico, donde los debates sobre la protección de los derechos de los niños y adolescentes son prioritarios tanto en la legislación nacional como internacional. En un entorno en el que la conciencia sobre los derechos humanos y la protección de los menores ha aumentado, esta iniciativa busca crear un marco legal que asegure que los responsables de la crianza no puedan ignorar situaciones de abuso o manipulación hacia los menores.
