¿Peligro para la Seguridad Jurídica? Costa Rica Evaluaría Embargo Preventivo de Bienes sin Denuncia o Investigación.
Un proyecto de ley que está siendo discutido en la Asamblea Legislativa de Costa Rica ha generado una fuerte oposición por parte de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP). La iniciativa propone una reforma a la “Ley contra la Delincuencia Organizada”, que permitiría el embargo preventivo de bienes sin necesidad de una denuncia o investigación previa, lo que ha encendido las alarmas entre empresarios y defensores de los derechos fundamentales.
La UCCAEP advirtió que esta propuesta podría violentar los derechos más básicos de las personas y las empresas al permitir que se congelen sus bienes sin pruebas o investigaciones que justifiquen la acción. Según los empresarios, aunque apoyan las iniciativas para combatir la criminalidad, el narcotráfico y los asesinatos en el país, esta reforma pondría en riesgo la seguridad jurídica, un pilar esencial para el desarrollo económico y social.
Detalles del Proyecto de Ley
El núcleo del proyecto permite que el Ministerio Público solicite el embargo de bienes si detecta un aumento patrimonial “sin causa lícita aparente”, incluso si no existe una denuncia formal contra la persona o empresa afectada. Esto significa que los bienes podrían ser congelados sin pruebas de que su origen es ilícito, basándose únicamente en la sospecha de un incremento patrimonial injustificado.
La UCCAEP señaló que esta medida viola el principio de presunción de inocencia, ya que se parte de la premisa de que el afectado es culpable antes de haber sido formalmente denunciado. Esto, alertan, puede ser especialmente perjudicial para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que constituyen el 97% del parque empresarial del país.
Riesgos para el Sector Empresarial
La preocupación del sector empresarial radica en que esta medida podría generar un ambiente de inseguridad y desconfianza, afectando la inversión y el crecimiento económico. Las MIPYMES, en particular, podrían verse afectadas por embargos injustificados que paralicen sus operaciones, afectando a miles de empleados y a la estabilidad de los negocios.
Llamado a la Reflexión
Ante esta situación, la UCCAEP ha hecho un llamado a los diputados para que frenen esta reforma y busquen otras soluciones que no comprometan los derechos fundamentales de las personas y las empresas. Aunque reconocen la importancia de tomar medidas contundentes contra la delincuencia organizada, los empresarios enfatizan la necesidad de equilibrar la lucha contra el crimen con la protección de la seguridad jurídica y los derechos constitucionales.
Este proyecto de ley, aunque bien intencionado en su objetivo de combatir la criminalidad, ha generado un debate sobre los límites del poder estatal y la necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos y las empresas. La discusión en la Asamblea Legislativa será clave para definir el rumbo de esta propuesta y sus implicaciones para la sociedad costarricense.
