Polémica en el BCR SAFI: Denuncia millonaria ante el Ministerio Público por compra inflada de propiedad empresarial.
El reciente escándalo en torno a la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) ha puesto bajo el reflector a la BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI). Este lunes, la Junta Directiva de BCR SAFI presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, basada en un informe elaborado por su Auditoría Interna. La denuncia llega tras recibir, en marzo de 2021, tres denuncias anónimas que cuestionaban la compra de esta propiedad, valorada inicialmente en $70.8 millones. Sin embargo, las investigaciones sugieren que el precio pudo haber sido inflado significativamente, hasta en $43 millones.
La compra del PEP, realizada el 20 de febrero de 2020, ha generado una serie de controversias y sospechas de corrupción. El exdiputado socialcristiano Humberto Vargas Corrales, quien vendió la propiedad, está en el centro de las acusaciones, al ser señalado como uno de los principales beneficiarios del presunto sobreprecio. Según el informe de la Auditoría Interna, el valor real del inmueble se estima en $27.4 millones, mucho menos de lo que se pagó inicialmente.
Medidas internas y despidos
Desde que se conocieron las denuncias en 2021, la Junta Directiva de BCR SAFI ha tomado varias medidas para esclarecer los hechos. Estas incluyen la contratación de asesoría legal especializada, expertos en valuación de propiedades, y la revisión detallada de contratos y avalúos relacionados con la compra del PEP. Como resultado, en julio de 2023, la entidad despidió a cuatro altos funcionarios y denunció a la empresa valuadora, Grupo Ingenio AIC S.A., ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). La acción subraya la gravedad de las irregularidades detectadas en el proceso.
Ajustes en los registros contables
Además de las acciones legales, la Junta Directiva de BCR SAFI ajustó el valor del Parque Empresarial del Pacífico en sus registros contables para reflejar el valor real del inmueble, tal como fue determinado por el informe de la Auditoría Interna. Este ajuste financiero es un esfuerzo por corregir las anomalías identificadas y transparentar el manejo de los fondos invertidos.
Transparencia y rendición de cuentas
El caso ha resaltado la necesidad urgente de mejorar los controles internos en la gestión de fondos públicos y privados. La denuncia presentada este lunes no solo refuerza las investigaciones en curso por parte del Ministerio Público, sino que también pone de relieve la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las inversiones inmobiliarias. El objetivo ahora es garantizar que situaciones como esta no se repitan, protegiendo los intereses de los inversionistas y del público en general.
A medida que avanza la investigación, las miradas están puestas en el desenlace de este escándalo y en las posibles repercusiones legales y financieras para los implicados. Lo que comenzó como una simple compra de propiedad ha revelado fallos profundos en los procesos de supervisión y control que, de no ser corregidos, podrían seguir afectando la confianza en las instituciones financieras del país.
