“Recurso de Amparo Contra Chaves y Ministra del MEP por Retraso en Prueba de Idoneidad Docente”.
“¿Prueba de Idoneidad para Docentes? Chaves y Ministra del MEP en la Mira por No Implementarla” según Guillen.
En un intento por asegurar la calidad educativa en Costa Rica, el secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, ha presentado un recurso de amparo contra el presidente Rodrigo Chaves y las ministras Laura Fernández y Anna Katharina Müller Marín. El motivo de esta acción legal es la no implementación de la prueba de idoneidad para docentes, un requisito legislado desde 2020 pero que hasta la fecha no ha sido aplicado.
La Ley de Idoneidad: Un Espejismo en la Educación
La reforma en el Estatuto del Servicio Civil, aprobada por el Congreso en junio de 2020, estipula que para ingresar a la carrera docente es necesario pasar un examen de idoneidad. Sin embargo, cuatro años después, esta ley sigue sin reglamentarse ni ejecutarse. El recurso de amparo presentado por Guillén busca que se cumpla con la ley 9871 en todos sus extremos, una medida que considera esencial para mejorar la calidad del sistema educativo público.
Evasivas del Ministerio de Educación Pública
A pesar de la importancia de esta prueba, el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha pospuesto repetidamente su implementación. En 2023, se nombraron 7.043 plazas docentes sin aplicar el examen de idoneidad, incumpliendo lo establecido en la ley. La ministra Anna Katharina Müller Marín ha evitado proporcionar fechas concretas o razones claras sobre la demora en la aplicación de esta evaluación.
Llamado Internacional de la OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha subrayado la necesidad urgente de implementar esta prueba. En un informe de 2023, la OCDE señaló que Costa Rica debe aplicar inmediatamente la prueba de elegibilidad para seleccionar a nuevos docentes, conforme a la ley aprobada en 2020 y un fallo de la Sala Constitucional de 2012.
Un Problema Estructural por Resolver
Guillén enfatiza que la implementación de esta ley no es un asunto menor. “Llevamos prácticamente 4 años de evasivas e incumplimientos de las autoridades educativas. Esta ley es crucial para corregir un problema estructural del sistema educativo costarricense”, declaró. La prueba de idoneidad no solo busca garantizar la competencia de los docentes, sino también elevar la calidad de la educación pública en el país.
El recurso de amparo presentado contra el presidente Chaves y las ministras Fernández y Müller Marín pone de relieve una cuestión fundamental: la necesidad de cumplir con las leyes establecidas para mejorar la educación en Costa Rica. Mientras se espera la respuesta del tribunal, la comunidad educativa sigue en la incertidumbre, aguardando que las autoridades actúen de acuerdo con sus responsabilidades y compromisos legislativos.
