“Reforma Crucial: PUSC Propone Ley para Revolucionar Infraestructura Estatal en Costa Rica”.
Reforma Crucial: PUSC Propone Ley para Revolucionar Infraestructura Estatal en Costa Rica
La fracción de la Unidad Social Cristiana ha presentado el proyecto de ley 24.464, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la infraestructura estatal en Costa Rica. Esta iniciativa surge tras la decisión de la Sala Constitucional de declarar vicios de constitucionalidad en la Ley Jaguar, que buscaba un propósito similar.
Los socialcristianos destacan la urgencia de optimizar la compra y arrendamiento de bienes por parte del Estado, señalando que actualmente estos procesos están plagados de ineficiencias que obstaculizan la celeridad y la eficiencia esperada. Argumentan que una implementación adecuada de esta ley no solo mejoraría la prestación de servicios a los costarricenses, sino que también podría generar ahorros significativos para todos los administrados.
Según los legisladores, la agilidad en los contratos administrativos es esencial para satisfacer rápidamente las necesidades de la población. Los procedimientos burocráticos y excesivamente formales actualmente en vigor pueden retardar la ejecución de proyectos cruciales, afectando la calidad de los servicios públicos.
Además, subrayan que la modernización de los procedimientos de contratación podría conducir a una gestión más eficiente de los recursos públicos, reduciendo los tiempos de espera y simplificando los procesos operativos. Esto beneficiaría tanto a la administración pública como a los proveedores y contratistas, al permitir una planificación y ejecución más efectiva y predecible de sus proyectos.
Los diputados enfatizan la importancia del papel de la Contraloría General de la República (CGR) en la supervisión y control de los recursos públicos, proponiendo que cualquier reforma a la Ley General de Contratación Pública debe fortalecer las competencias de la CGR para garantizar transparencia, legalidad y eficiencia en el uso de dichos recursos.
En resumen, la propuesta de reforma busca actualizar los procedimientos de compra y arrendamiento de bienes inmuebles del Estado, así como fortalecer el marco legal de la CGR, con el objetivo de avanzar en obras de interés nacional respetando las disposiciones constitucionales y las garantías ciudadanas.
