Revolución en los Exámenes de Colegios Profesionales: ¿Adiós a la Exclusión?.
Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso costarricense promete un cambio significativo en los exámenes de incorporación a los colegios profesionales, buscando evitar que se conviertan en una barrera para el acceso al ejercicio profesional. La iniciativa, liderada por la diputada María Marta Carballo, jefa de fracción de la Unidad Social Cristiana, busca que estas pruebas se centren en evaluar la idoneidad profesional de los aspirantes, es decir, en su competencia y conocimientos prácticos, en lugar de la simple memorización de contenidos.
El proyecto propone que los exámenes de incorporación se limiten a las competencias del grado mínimo exigido para el ejercicio de la profesión. Esto significa que las pruebas deberán centrarse en los conocimientos básicos de un generalista y no en las habilidades especializadas que se adquieren con estudios avanzados o experiencia laboral. Además, los contenidos de las pruebas estarán basados exclusivamente en los programas oficiales aprobados por el Estado, específicamente por CONARE y CONESUP. Esta medida pretende evitar que los colegios profesionales impongan, a través de los exámenes de incorporación, perfiles académicos específicos a las universidades, invadiendo así competencias estatales.
Otra disposición clave del proyecto es la obligación de publicar los contenidos de las pruebas (temas, no preguntas específicas) en el diario oficial La Gaceta y en la página web del respectivo colegio, con al menos seis meses de anticipación. Esto garantizará que los aspirantes tengan tiempo suficiente para prepararse adecuadamente, asegurando la transparencia y equidad en el proceso de evaluación.
Según Carballo, la potestad de los colegios profesionales para realizar estos exámenes ha sido reconocida por la Sala Constitucional, siempre y cuando se utilice para verificar la idoneidad profesional sin restringir la oferta de profesionales en el mercado laboral ni imponer programas académicos a las universidades. “La iniciativa viene a poner orden para que los colegios no hagan de estos exámenes un coladero, evitando así que costarricenses que se han preparado durante cinco años en la universidad no puedan ejercer su profesión”, afirmó la diputada.
El proyecto también estipula que una vez realizada la prueba, los aspirantes tendrán derecho a recibir una copia del examen, lo cual agrega un nivel adicional de transparencia y permite a los candidatos analizar su desempeño.
