Sala Constitucional Avala Regulación del Gobierno en Ciberseguridad para Redes 5G.
Un Respaldo Clave en la Era Digital.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha emitido una sentencia trascendental que respalda las acciones del Gobierno de Costa Rica en la regulación de la ciberseguridad para la implementación de redes 5G y superiores. Este fallo, comunicado el pasado 14 de agosto de 2024, confirma la legalidad y pertinencia del “Reglamento Sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores”, emitido por el Poder Ejecutivo.
El reglamento, diseñado para garantizar la seguridad, privacidad y confidencialidad de los datos de los ciudadanos y las empresas, ha sido motivo de controversia, especialmente tras la presentación de un recurso de amparo y medidas cautelares de suspensión por parte de una empresa de telecomunicaciones. Sin embargo, la Sala Constitucional ha rechazado estas medidas, reafirmando la autoridad del Gobierno para establecer requisitos técnicos y de seguridad en la implementación de tecnologías avanzadas.
En la sentencia número Res. N° 2024-002222, emitida el 26 de enero de 2024, la Sala subraya la importancia de la seguridad nacional y la defensa en el ámbito de las telecomunicaciones. La sentencia destaca que el reglamento no viola la Constitución Política ni los Tratados Internacionales, y no impone disposiciones de imposible cumplimiento para las empresas. Además, asegura que no se discrimina a ningún proveedor o suministrador en el proceso, respetando así la libre competencia y concurrencia en el mercado.
La decisión también enfatiza que el Poder Ejecutivo tiene la competencia para definir las políticas públicas en materia de ciberseguridad, lo que incluye la regulación del sector de telecomunicaciones en tecnologías 5G y superiores. La Sala reconoce que la neutralidad tecnológica debe estar supeditada a los intereses legítimos de la política pública, lo que respalda las medidas adoptadas por el Gobierno para proteger la infraestructura crítica del país y los derechos de los usuarios.
A pesar del respaldo legal, el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la Ministra del MICITT, Paula Bogantes, han manifestado su preocupación por el retraso en la resolución de una medida cautelar interpuesta por un sindicato del ICE ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Esta medida ha suspendido temporalmente la ejecución del reglamento, lo que pone al ICE en desventaja en un mercado cada vez más competitivo. Ambos líderes han instado a una pronta resolución para evitar impactos negativos en el sector.
Este fallo representa un avance significativo en la protección de la ciberseguridad en Costa Rica, reafirmando el compromiso del Gobierno con la seguridad digital y la defensa de los intereses nacionales en un contexto global cada vez más dependiente de las tecnologías avanzadas.
