Sala IV Condena al AyA y Aresep por Fallas en el Suministro de Agua: ¿Una Solución a Largo Plazo o una Tira Cómica?.
La reciente sentencia de la Sala Constitucional contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) ha puesto de manifiesto un problema que, irónicamente, parece más persistente que una sequía en el desierto: la falta de agua en varias comunidades.
Un Problema Estructural: Cuando el Agua se Evapora y las Excusas Fluyen
El fallo de la Sala IV, que declaró con lugar siete recursos de amparo relacionados con racionamientos de agua potable, ha destapado una serie de deficiencias en la gestión del AyA y Aresep. Los recurrentes, provenientes de Alajuelita, Desamparados, San José, Coronado y Hatillo, alegaron que el AyA suspendía el suministro de agua sin previo aviso y por largos periodos, dejando a la población en un estado de incertidumbre.
El AyA trató de justificar el desabastecimiento culpando a factores como el fenómeno de El Niño y una excesiva demanda. Sin embargo, la Sala Constitucional encontró que la verdadera raíz del problema radica en una inadecuada planificación y ejecución de proyectos de infraestructura hídrica. Básicamente, mientras los ciudadanos se morían de sed, las soluciones del AyA se perdían en un mar de ineficiencia.
Informe de la Contraloría: Un Desierto de Ineficiencia
La Contraloría General de la República, en su “Informe de Auditoría Acerca de la Eficacia y Eficiencia de la Gestión del Portafolio de Proyectos de Inversión para el Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales”, no se anduvo con rodeos. La gestión del AyA no solo ha sido ineficaz, sino que el 57% de los proyectos de inversión todavía están en ejecución, a pesar de que deberían haber concluido en enero de 2024. Además, los proyectos no se han alineado con las necesidades ciudadanas actuales y futuras, lo que proyecta una insostenibilidad financiera a largo plazo.
¿Ley Jaguar o Ley Chorizo?
El Frente Amplio ha aprovechado esta crisis para reiterar su oposición al referéndum sobre la “Ley Jaguar”, también conocida como “Ley Chorizo”, propuesta por el presidente Rodrigo Chaves. Argumentan que esta ley no solo es inconstitucional, sino que también legaliza la corrupción al limitar la capacidad de fiscalización de la Contraloría. En otras palabras, mientras luchamos por un vaso de agua, el gobierno propone una ley que podría convertir la gestión de recursos en un buffet libre para los corruptos.
Sentencia: Una Solución a Medias
La sentencia de la Sala Constitucional ordena al AyA garantizar el suministro de agua potable diario y suficiente en las comunidades afectadas. Además, el AyA tiene un plazo máximo de 18 meses para implementar medidas que aseguren un suministro eficiente y continuo. La Aresep, por su parte, debe velar por el cumplimiento de las normas de calidad y cantidad del servicio.
Conclusión: ¿Un Oasis en el Horizonte?
La condena al AyA y Aresep es un paso importante hacia la solución de un problema que ha dejado a muchas comunidades sin agua. Sin embargo, la verdadera prueba será si estas instituciones pueden transformar sus promesas en acciones efectivas. Hasta entonces, los ciudadanos seguirán observando con desconfianza, esperando que esta vez, las soluciones no se evaporen como el agua en un desierto.
